Ciudad de México
Con la muerte de dos jóvenes el pasado jueves 10 de noviembre al caer en una coladera sin tapa en la lateral de Viaducto Río de la Piedad, Alcaldía Iztacalco, cuando se dirigían a un concierto en el Palacio de los Deportes, se puso en alerta a autoridades de la Ciudad de México por el robo de tapas metálicas para su venta por kilo.
Ante este hecho, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ordenó una investigación para conocer si existió omisión por parte de alguna autoridad para atender y reparar la coladera e incluso no descartó elevar las penas por el robo de registros de alcantarillas.
Aunque, el tema ya estaba en la agenda del Congreso de la Ciudad de México desde 2021, pues diputados del PAN, PRI y Morena inscribieron iniciativas para aumentar penas de cárcel y sanciones económicas a quien robe, compre o venda tapas de coladeras, propuestas que no prosperaron por el rezago que existe en las distintas comisiones a las que fueron turnadas.
De acuerdo con los propios legisladores, en las 16 alcaldías existe este fenómeno de robo de coladeras, pero se concentra el mayor número en Venustiano Carranza, Iztacalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan.
Entre las vialidades primarias donde existe el mayor número de casos de robo de coladeras se encuentran Circuito Interior, Periférico, Insurgentes Norte, Calzada Ignacio Zaragoza, Constituyentes y Calzada Vallejo, mismas que son responsabilidad del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y de la Secretaría de Obras.
Cabe señalar que cada tapa robada en los sitios de compra de material metálico es pagada entre 300 y 500 pesos, pero al gobierno de la Ciudad de México le llega a costar hasta 1,500 pesos la reposición.
Fue en septiembre de 2021, que el diputado morenista Nazario Norberto inscribió en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción tercera del apartado A y se adiciona un apartado E al artículo 224 del Código Penal para la Ciudad de México. El objetivo era aumentar hasta siete años de prisión y hasta 500 Unidades de Medida y Actualización, es decir casi 50,000 pesos de multa económica, a quien cometa robo contra el mobiliario y equipamiento urbano de la Ciudad de México.
“El robo de coladeras, además de generar un gasto acaudalado representa también un riesgo constante a la integridad de las personas que transitan en la Ciudad, pues la falta de este mobiliario público provoca graves accidentes y hasta en muchas ocasiones la pérdida de la vida”, dice en el documento.
También, en noviembre de 2021, el panista Luis Chávez también inscribió una iniciativa para reformar el artículo 224 del Código Penal local para aumentar hasta 10 años de cárcel y casi 100,000 pesos de multa económica por el robo o sustracción de coladeras.
“Se impondrá con pena de tres a diez años de prisión y hasta mil veces la Unidad de medida y actualización para las personas que realicen la ilegítima sustracción, apoderamiento, comercialización, detentación o posesión de tapas de registro o rejillas de alcantarillado propiedad gubernamental o titular de concesión de ese servicio público”, señala la propuesta.
Luego, en marzo de 2022, Maxta González, diputada del PRI por la alcaldía Cuauhtémoc, aunque mantuvo la propuesta de cárcel contemplada originalmente en el artículo 224 que es de tres a seis años, su iniciativa estuvo encaminada a explicar los elementos del mobiliario urbano que son sujetos de sanción en caso de ser robados o extraídos ilegalmente.
Las propuestas fueron turnadas a las comisiones unidas de Administración Pública y Procuración de Justicia del congreso capitalino.
Con información de Expansión Política